El juez de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, James Cohn, revirtió ayer el veredicto contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín por el caso Octubre Negro de 2003, aduciendo que no hubo evidencias suficientes para determinar que existió un plan para matar o que se realizaron ejecuciones extrajudiciales, decisión que fue duramente criticada por los familiares de las víctimas de Octubre Negro, cuyos abogados anunciaron que apelarán inmediatamente.
“La evidencia que los demandantes presentaron es legalmente insuficiente para sostener el veredicto del jurado a su favor”, escribió Cohn, dando paso así a la aplicación de la Regla 50, que fue solicitada por la defensa del expresidente y su exministro.
Este fallo va en contraposición del veredicto del jurado del 3 de abril, que encontró a las dos exautoridades “responsables” de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2003, y que los condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho fallecidos.
El abogado de las víctimas, el estadounidense Thomas Becker, aseguró que esta decisión no es un obstáculo, y que apelará lo más pronto posible ante la Corte de Apelación del Circuito 11 de Florida.
Sonia Espejo, una de las familiares de las víctimas, dijo que continuarán el tiempo que sea necesario para que las exautoridades paguen por sus culpas en el país. Según se conoce, la apelación podría demorar entre uno a dos años en resolverse, pero además existe una tercera instancia más de apelación.
En un comunicado, el expresidente Sánchez de Lozada señaló que esta decisión concluye el juicio sobre los “difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003” y que el dictamen muestra que su Gobierno actuó de acuerdo a la ley y “nunca quiso dañar a nadie”.
Asimismo, señaló que “seguimos lamentando el dolor y la tragedia” de las muertes de 2003 y que Bolivia “necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia”, que —a su juicio— se rompió con su salida del país.
En tanto, el exministro Carlos Sánchez Berzaín opinó que si la justicia estadounidense ha avalado que el Gobierno de Sánchez de Lozada actuó conforme a la ley en las protestas de 2003, la pregunta que hay que responder ahora es quiénes fueron entonces los responsables de las muertes.
En tanto, desde diversas esferas se lamentó esta decisión. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que la justicia de los Estados Unidos protege al expresidente y su ministro y calificó de injusto el dictamen, por lo que se debe apelar lo más pronto posible.
En la misma línea, el exdefensor del pueblo y testigo de las víctimas, Waldo Albarracín, lamentó el fallo y dijo que fue resultado de la presión política del Gobierno de EEUU, pero que la búsqueda de justicia continúa.
En la misma línea, el exalcalde de La Paz y testigo de las víctimas, Juan del Granado, aseveró que el juez Cohn no tiene la última palabra sobre el veredicto del jurado y que se deben formular las apelaciones con la serenidad con la que se llevó adelante el juicio civil.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, dijo que será un nefasto precedente si el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada es librado de culpa por la masacre de octubre de 2003.
Las dos exautoridades fueron acusadas por familiares de 10 de las más de 60 víctimas mortales de los luctuosos hechos de 2003, conocidos como la guerra del gas.
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