La Universidad Pública de El Alto anunció que no dará brazo a torcer y este lunes volverá a retomar las movilizaciones y medidas de presión en demanda de la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto.
“Convocamos a los padres de familia, juntas de vecinos, gremiales, organizaciones sociales por la defensa del derecho a la educación libre, fiscal y gratuita, además de un presupuesto justo y sin discriminación para la UPEA”, cita un comunicado emitido por el comité de movilizaciones de esta casa superior de estudios.
A la lucha de la universidad alteña se sumó la Asociación de Fundadores Autonomistas de la Universidad Pública de El Alto (AFA-UPEA) que exige el esclarecimiento del asesinato del universitario Jonathan Quispe Vila, quien falleció el pasado 24 de mayo a causa de una canica de cristal disparada, según las investigaciones, por el subteniente de Policía Cristian Casanova.
“Exigimos justicia pronta e imparcial por el asesinato de nuestro compañero Jonathan Quispe (…) el Ministerio de Gobierno distrae y juega con la vida de un estudiante”, señala un manifiesto de esa organización.
Según esta instancia, las autoridades gubernamentales “discriminan a la ciudad de El Alto y a su universidad”, dado que “violan la autonomía universitarias ofreciendo migajas ante un problema estructural que data de la Ley 2115”.
“Esta ley fue impuesta por el dictador Hugo Banzer en complicidad con dirigente sociales sobornados, porque exige auditorias y transparencia que es la tarea de la Contraloría General del Estado, según Ley específica”, señala a través de un manifiesto.
Asimismo, denuncia el violento trato que recibieron estudiantes, docentes, administrativos y representantes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA.
“Nuestras autoridades están sometidas a amedrentamientos mediante llamadas anónimas y por la televisión con millonaria propaganda pagada por nuestros impuestos”, cita el documento.
La UPEA retornará nuevamente las calles tras protagonizar violentos enfrentamientos con la Policía la semana pasada. Ante la nula respuesta a sus demandas, el Honorable Consejo Universitario (HCU) decidió darle un plazo de 48 horas al Gobierno para que atienda las demandas de la universidad alteña y retirar los spots televisivos que, según su criterio, denigran a su universidad y «plantean mentiras para confundir a la población».
Sin embargo, el titular de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, condicionó el reinicio del diálogo a la suspensión de las movilizaciones encaradas por la UPEA, algo que han rechazado las autoridades de esta casa superior de estudios.
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