A paso lento y rodeado de un enjambre de abogados con trajes azules, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín llegaron pasadas las ocho de la mañana (hora local) a la corte federal de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, para responder al juicio civil por las más de 50 muertes en Octubre Negro.
“No podemos hablar”, dijo uno de sus abogados al referirse a la orden judicial que impide a los participantes en el juicio contra el exmandatario y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín dar declaraciones a los medios.
El exmandatario de 87 años miró a su esposa, Ximena Iturralde, y le sonrió. Más atrás, Sánchez Berzaín, con rostro confidente, aguardaba la fila para entrar a la corte junto a media docena de abogados del bufete Williams and Connolly que los representan.
La corte federal abrió sus puertas a las 7:30, hora local, para el primer juicio civil que se lleva a cabo contra un expresidente en Estados Unidos (EEUU). A esa hora comenzaron a llegar varios de los potenciales jurados, unas 50 personas, que debían ser entrevistadas para convertirse en uno de los 10 seleccionados que decidirán la sentencia. Minutos después llegaron cajas y cajas de evidencia que serán presentadas durante el juicio.
A las 7:45 llegaron los representantes de los demandantes, un numeroso grupo de abogados experimentados pertenecientes a la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la facultad de Derecho de Harvard. Esa es una de las organizaciones que impulsó el caso en el que familiares de las víctimas exigen una indemnización a los exfuncionarios por lo que consideran “matanzas extrajudiciales”.
Pero, sin duda la presencia más esperada era la de los acusados. Existía incertidumbre de su comparecencia, ya que no estaban obligados a asistir por tratarse de un juicio civil que sólo determinará si ambos deberán indemnizar a las familias de las víctimas, pero finalmente llegaron con aspecto tranquilo, aunque huyeron de los pocos periodistas presentes.
“¿Puede pasar mi cliente?”, le preguntó uno de los abogados de Sánchez de Lozada a un guardia. Este no sabía quién era, ya que la mayoría vestían trajes azules. Después de unos segundos de súplicas, el guardia accedió y el expresidente boliviano y su ministro pasaron por el detector de metales al igual que todos lo que entraban.
Pero ni los testigos ni los demandantes pudieron dar declaraciones a los medios en esta etapa del proceso, porque el caso está bajo secreto de sumario. Así lo dio a conocer el juez James I. Cohn, quien preside el caso y quien prohibió que las dos partes hablen con la prensa.
Concluida la sesión del lunes, se eligió a los diez miembros del jurado que definirá la sentencia: un latino, tres estadounidenses blancos y seis afroamericanos.
Hoy, la jornada comenzará con los alegatos iniciales y en los próximos días se escucharán los relatos de los testigos y los argumentos de la acusación y la defensa, en un proceso que se prevé dure de tres a cuatro semanas.
Si bien se trata de un caso civil que no tiene implicaciones sobre una futura extradición a Bolivia, Kathy Roberts, la directora de la Clínica Jurídica Internacional de La Haya, dice que todo dependerá de la evidencia que se presente.
“El Gobierno de EEUU mirará cuidadosamente el juicio y por eso la evidencia presentada en la corte de Fort Lauderdale será importante. Pero el poder ejecutivo será quien tenga la última palabra”, señala.
Desde que huyeron de Bolivia en 2003, en medio del conflicto por el que ahora se les juzga, tanto el expresidente como su ministro de Defensa viven en Estados Unidos.
Mientras que el exmandatario se mudó a Chevy Chase, un barrio adinerado de Maryland, y lleva un perfil bajo y alejado de las cámaras, quien era su mano derecha fue a vivir a Miami y se convirtió en un feroz crítico del gobierno de Evo Morales.
Quince años más tarde, los dos se reencontraron en público en Fort Lauderdale, para enfrentar un juicio por violación a los derechos humanos.
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