Por unanimidad, el jurado ciudadano de la Corte Federal de Fort Lauderdale de EEUU halló como responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín de las “muertes extrajudiciales” de Octubre de 2003. También fijó una compensación de 10 millones de dólares.
Sin embargo, el 4 de mayo, el juez James Cohn tendrá “la última palabra”, pues puede ratificar el veredicto o encontrar fallas y no validar la decisión del jurado, explicaron los abogados de los acusados.
Los 10 miembros del jurado ciudadano emitieron su veredicto, luego de seis días de deliberación en el juicio civil contra las exautoridades, el cual comenzó el 5 de marzo.
Ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín asistieron a la lectura del fallo. Del lado de los demandantes, sólo cinco de los nueve escucharon la decisión del jurado, pero no reaccionaron –según AFP– hasta que salieron de la sala y recibieron explicaciones de sus “sonrientes abogados”.
La resolución identifica a los dos exfuncionarios como responsables de “ejecuciones extrajudiciales”, cometidas durante los disturbios de 2003; pero el jurado exoneró a los acusados de haber cometido “homicidio culposo”.
“La corte encuentra que (ambas respuestas) no son irreconciliables”, respondió el juez Cohn, validando la decisión de los jurados, informó AFP.
Los abogados de las exautoridades –reportó EFE– dijeron que no están de acuerdo con el jurado y subrayaron que el juicio todavía no terminó, pues el juez tiene la última palabra, y confiaron en que “el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”.
Con ese antecedente, el vocero del expresidente, Mauricio Balcázar, dijo a Página Siete que “aquí no hay cosa juzgada, el juez no aceptó la opinión del jurado, por tanto no hay veredicto. Para el 4 de mayo será la próxima audiencia ya sin el jurado que hoy cumplió sus funciones. No vamos a comentar más debido a que el juicio continúa”.
Kathy Roberts, subdirectora de la Clínica de Justicia Transitional en La Haya, explicó a Página Siete que “debido a que es un caso civil, el juez no dictará sentencia a los acusados. El jurado encuentra responsabilidad y otorga dinero por daños y perjuicios”.
Asimismo, la especialista dijo que las discrepancias (con el fallo) de parte de los acusados impidieron que el juez presente ayer el veredicto final.
En ese marco, Roberts manifestó que “es poco probable que cualquiera que sea la discrepancia dará lugar a la ‘despedida’ del caso (revocar la decisión del jurado), pero podría afectar algunas reclamaciones. También entiendo que los demandados tienen la intención de pedir al tribunal ‘despida’ (revoque) el caso, alegando falta de pruebas insuficientes. Yo diría que este resultado es poco probable”.
Desde Estados Unidos, los abogados de los familiares de las víctimas afirmaron que el juicio concluyó y que “el juez puede ver que la sentencia esté de acuerdo con la ley, pero no puede cambiar los hechos”.
“El jurado ha fallado, ha decidido sobre los hechos. Esta es una victoria no sólo de las familias, sino de todas las personas en Bolivia y el mundo que sufrieron violaciones de derechos humanos. Los demandados tienen derecho de apelar, si lo hace ahí estaremos nuevamente los abogados y las familias de las víctimas”, sostuvieron los juristas en una rueda de prensa que ofrecieron junto a las víctimas en puertas de la corte.
Lo importante –afirmaron los juristas– fue llevar al exmandatario a tribunales de Estados Unidos, para hacer respetar los derechos civiles en todo el mundo.
El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EEUU por ejecuciones extrajudiciales, informó EFE.
“Estas ocho familias inspiraron el caso, pero nosotros queremos destacar que la lucha no terminó, probablemente la oposición (los acusados) apelará, pero nosotros estamos llenos de confianza por las evidencias que se presentó en el juicio”, declaró Judith Chomsky, una de las abogadas de los familiares.
Según la defensa de Sánchez de Lozada, el juez Cohn solicitó “información complementaria” a las partes y el viernes 4 de mayo comunicará su decisión final sobre el juicio civil.
Por su parte, Rogelio Mayta, desde La Paz, sostuvo que no temen a las apelaciones que puedan presentar los demandados. “Estamos acostumbrados a largas luchas”, comentó.
Por Beatriz Laime
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