Hoy visité al Dr. Enrique Reina, representante de la @OEA_oficial en Bolivia, para denunciar que el gobierno pretende suspenderme con un caso judicial de hace 27 años. Le anuncié que en las próximas horas solicitaré medidas cautelares a la @CIDH vía @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/6psGTTFHcf
— SOLE CHAPETON T. (@realSoleChapeT) 12 de junio de 2018
La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, informó ayer que se reunión con el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Reina, a quien expuso su denuncia contra el Gobierno central que pretende destituirla de su cargo. Asimismo, anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar “medidas cautelares”.
“Esta mañana me he reunido, fui a buscar a Enrique Reina, quien es el representante de la OEA en Bolivia, porque obviamente este tema tiene que ser de conocimiento internacional, asimismo, estamos analizando, por supuesto, medidas cautelares ante la CIDH”, informó Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad de El Alto.
Su presencia ante el Juzgado Tercero Anticorrupción de la ciudad de La Paz es para responder a una imputación que le interpuso el diputado suplente de Unidad Nacional (UN), Rafael Quispe, por incumplimiento de deberes, ya que presumiblemente transfirió un terreno destinado para área verde; a esto Chapetón responde que es un “absurdo”.
“Es un absurdo, porque nosotros estamos buscando la recuperación de ese terreno que se hizo la transferencia cuando yo tenía 10 años, estaba en colegio, es un tema muy descabellado y esperemos que mañana pueda primar la independencia, racionalidad y se pueda entender que los siguientes pasos que vamos asumir, serán contundentes”, señaló Chapetón.
La autoridad hizo una cronología de los hechos sobre ese “absurdo” que se le quieren atribuir, en vista de que el caso denominado “surtidor en el Distrito Nº 4, en la urbanización Yunguyo”, fue transferido el año 1991 pero se recuperó el año 2004 por la gestión del entonces alcalde José Luis Paredes.
“Esta transferencia y problema del que me quieren atribuir radica el año 1991, del 29 de noviembre, donde se hizo una minuta de transferencia entre el alcalde, de esa época, Miguel Aramayo Esquivel, y un privado; lo transfieren pero en 2004 lo recupera el alcalde José Luis Paredes, con un proceso civil”, señaló Chapetón.
Sin embargo, al asumir su cargo como autoridad edil, entre los muchos problemas con los que se encontró el municipio porque le anterior alcalde fue denunciado por hechos de corrupción, tuvo que reordenar y este caso estaba archivado, señaló.
“La pasada gestión mi antecesor había archivado esta carpeta, nosotros llegamos el 2015 con todos los problemas que la población alteña conoce, hemos reencaminado varios procesos sin embargo a este le damos mayor impulso el año 2016 y 2017 y ahora está encaminado, en un proceso de análisis y evaluación que mi gestión ha impulsado”, sostuvo Chapetón.
Apuntó que este proceso que le siguen no es más que “un golpe constitucional” ante la insistencia de quererla acusar sobre una transferencia que no tiene nada que ver con su gestión. Arguyó que el Gobierno central está buscando destituirla, al igual que lo hizo con el alcalde del municipio de Cochabamba y Quillacollo que también son de la oposición.
“Sería un golpe constitucional, un golpe de estado absolutamente claro porque hemos sido electos de manera democrática con la mayoría de la voluntad del pueblo alteño (…) es fácil avizorar que lo hizo con el alcalde de Cochabamba y Quillacollo, que es muy diferente mi caso pero eran de oposición”, afirmó Chapetón.
En tanto, el jefe de su partido, Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunció que realizará hoy una movilización popular para oponerse a este abuso en contra de una mujer joven que ganó las elecciones con una amplia mayoría.
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