Un juez federal de los Estados Unidos ordenó que el ex-presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, sean sometidos a juicio en un caso civil interpuesto por las familias de varios ciudadanos bolivianos asesinados en octubre de 2003 en la ciudad de El Alto.
Desde Miami, Florida, se informó que será la primera vez que un ex-jefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos en el juicio que comenzará en la corte federal de Fort Lauderdale, el 5 de marzo de 2018.
La semana anterior, el juez de la Corte del Distrito James Cohn rechazó una moción con la que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín intentaban evitar que prospere la demanda en su contra y autorizó seguir el juicio en vista que los demandantes habían presentado suficiente evidencia.
En el caso Mamani vs. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, como cursa la orden de la corte del 14 de febrero, las familias de ocho ciudadanos bolivianos que fueron asesinados demandaron a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, alegando que planificaron matanzas extrajudiciales e intencionalmente ordenaron la represión armada en contra de las protestas de octubre de 2003.
En 2016, una corte de apelación de los Estados Unidos se pronunció a favor de que los demandantes pudieron seguir con sus reclamaciones al amparo del Acto de Protección para las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en ingles) que autoriza al tribunal federal de Estados Unidos admitir demandas por matanzas extrajudiciales.
“Este juicio ofrecerá al pueblo aymara, que históricamente ha sido excluido de la justicia, una oportunidad para testificar sobre los eventos que resultaron en docenas de muertes y cientos de heridos,” declaró Beth Stephens, abogada de los demandantes.
La demanda fue interpuesta por Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años fue asesinada en su dormitorio por una bala que fue disparada a través de la ventana; Teofilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada una bala atravesó la pared de su casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue asesinado a tiros al lado de una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.
Los familiares son representados por un equipo de abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, y los bufetes de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, y Akerman LLP.
Durante un acto en la comunidad de Calamarca, Alvaro García anunció que Sánchez de Lozada será enjuiciado. “No va a ser en Bolivia, pero lo van a enjuiciar por las muertes del 2003, es una buena noticia”, dijo.
“Sánchez de Lozada, un criminal que quiso vender nuestro mar a Chile, que quiso entregar los recursos naturales a los extranjeros, que masacró a más de 80 personas en El Alto, que ha baleado a hermanos de Calamarca, Omasuyos y Los Andes, se escapó a Estados Unidos, ahí estaba feliz disfrutando de la plata que ha robado, pero la información que ha llegado dice que un juez ha decidido enjuiciarlo”, detalló.
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